El pronosticado anuncio de la desaparición de INRAVISION tomó por fin cuerpo esta semana, con las declaraciones del Presidente y la Ministra de Comunicaciones en la que se señala la liquidación inmediata de la entidad estatal encargada del manejo de la televisión pública en Colombia. Un desagradable regalo tardío cuando se cumplen con tanto barullo, los primeros cincuenta años de la televisión nacional en una historia en la que Inravisión tiene todo que ver. Se aduce que la entidad es inviable y que sostenerla es simplemente postergar su inexorable desaparición. Sin embargo, en ninguna parte se menciona lo que esto implica en el espacio cultural colombiano, puestas a un lado las meras (e importantes mas no absolutas) consideraciones financieras.
El caso de Inravisión y Audiovisuales, empresa estatal que ha producido algunos de los mejores espacios culturales en Colombia (al lado de los producidos por la Unidad de Televisión del Ministerio de Cultura y su antecesora Colcultura), es vital para el futuro de la televisión nacional haciendo aparte el conflicto derivado de sus ramificaciones económicas. Hay dos preguntas fundamentales: la primera es cómo se hizo inviable el proyecto de la televisión pública. Y la segunda es qué va a pasar con esa misma televisión pública que es compromiso y responsabilidad del Estado.
A la primera cuestión han de remitirse los análisis porque sólo la juiciosa y detallada auscultación de todo lo referente a la administración y producción de la televisión pública, permitirá establecer los derroteros a tomar. Más aún si se tiene en cuenta que hay responsabilidades asignadas, decisiones tomadas y políticas implementadas. Y quienes están detrás de estas dinámicas tienen que explicarle al país audiovisual lo que pasó y por qué.
Es indudable que la televisión pública es una necesidad social y que su promoción implica complejos riesgos. Cabe citar aquí la persistente campaña educativa realizada por la Comisión Nacional de Televisión a través de numerosos y diversos comerciales. ¿Por qué, por poner sólo un ejemplo, no se pueden promocionar los productos de la televisión pública en los medios privados para que la teleaudiencia los vea? Se ha discutido hasta la saciedad que la gran dificultad para producir con calidad no está en el talento humano, que lo hay por cantidades sino apreciable sí por lo menos suficiente y competente, ni en la capacidad técnica: no, el obstáculo mayor está en que la voluntad política entienda la premisa de que una televisión con calidad y competitividad requiere inversión. La buena televisión cuesta y mucho. Ese argumento de `mire lo bonito que nos quedó y con tan poquito que teníamos`, es el de la resignación de muchos realizadores que tiene algo de auténtico pero que esconde un sofisma de cuidado.
Al igual que otros renglones de la realidad nacional como la salud, la educación, la vivienda y el bienestar social en general, la cultura y por ende, la televisión pública, siempre se han visto relegadas por los gobiernos sin importar qué tan conservadores o de avanzada, qué tan pacifistas o guerreristas, qué tan desarrollistas o proteccionista, sean, no hay distinción de peso que los separe en el juicio sumario sobre la manera de administrar el patrimonio cultural audiovisual del país. La cultura es una especie de problema necesario al que hay que dar soluciones como se pueda porque siempre hay algo más urgente e importante. A veces pareciera, mirándolo irónicamemente, que se le asigna presupuesto como para soportar la andanada de críticas no sólo a nivel interno sino externo, vía escritores, pensadores, artistas e incluso, la gran prensa.
Este panorama de mínimos esfuerzos y máximas expectativas es inequitativo. Decíamos hace poco refieriéndonos al compromiso cultural de las televisiones privadas, que este esfuerzo no debe recaer sólo en el Estado. Sin embargo, no hay que llegar al extremo caótico en que este resigne su compromiso ante terceros, que por supuesto entrarán a hacer valer otros intereses que no siempre son los de elevar el nivel cultural de la telaudiencia, y que se quite de encima así no más este sambenito.
Preocupa enormemente el desarrollo del Proyecto Nacional de Cultura y Educación a través de los Medios Masivos de Comunicación, cuyo principal soporte mediático a nivel de televisión es, o era, Señal Colombia. Hace sólo unas semanas, el Gobierno presentaba a los medios el lanzamiento a comienzos del años 2005 de la nueva franja educativa del canal institucional. En ningún momento se mencionó la incertidumbre que se cernía sobre este plan con la inminente liquidación de Inravisión, que como el mismo Gobierno acaba de señalar, corresponde a una decisión bien estudiada y para nada sujeta a improvisaciones.
No se trata de desconocer la crítica situación de Inravisión de varios años para acá, pero nos preguntamos: ¿dónde quedaron los planes de contingencia que el gobierno de turno diagnosticó como necesarios al momento de arrancar la licencia de los canales privados, cuando expertos y conocedores del tema advirtieron sobre las silenciosas amenazas que se avizoraban en el panorama con la creación de una nueva torta publicitaria? En aquel momento se habló de la necesidad de robustecer la capacidad operativa no sólo de los canales públicos nacionales sino de los regionales.
Entre otras herramientas, la ley 182 de 1995 por la cual se reglamentó el servicio público de televisión, al crear la Comisión Nacional de Televisión, le permitió a esta a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, la posibilidad de “invertir prioritariamente en el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión y en la programación cultural a cargo del Estado” (Art. 17) ¿Cuál es entonces el resultado que ofrece la CNTV a octubre de 2004 en esa materia?
Hoy, cinco años después de la aparición de los canales privados, nos encontramos con un penoso expediente que muestra a una televisión regional luchando con las uñas (por las condiciones críticas de la situación íbamos a decir -con las garras- pero nos sonó irrespetuoso, aunque no desprovisto de cierto toque de verdad) e inventándose sudores con estrategias de programación que van desde la cómoda y antinacional de emitir horas y horas de video clips a arrojarse a la experimentación de programas de gran formato al estilo de los matutinos de las grandes cadenas. Sea cual fuere el estilo de salvación emprendido, la situación de la televisión regional es francamente crítica y crónica, salpicada de televentas, iglesias de todas las tendencias y programas de estudio con pocos recursos narrativos a disposición, el mañana se ve turbio en la mirada general.
Entre tanto, la contraparte nacional opta por la liquidación antes que por el fortalecimiento y la implantación de correctivos para la televisión pública, en un esquema que pudiera ser similar al diseñado con la Ley del Cine en la que el sector privado juega un papel decisivo en la consolidación de una industria nacional, sin que el Estado pierda la orientación y el control de la política cultural frente al séptimo arte. ¿Por qué no es posible pensar algo semejante para la pantalla menor en el ámbito de la televisión pública? Como están las cosas, para nadie es un secreto que a largo plazo los grandes beneficiados, con todo este desmonte, serán los medios de televisión privados.
Finalmente, o mejor, complementando porque el tema no se agota en una primera mirada y será preciso volver a él en próximas ediciones, traemos al recuerdo una experiencia positiva para el desarrollo de la televisión pública que lamentablemente por causas sobre las que tenemos indicios pero que no nos atrevemos a sostener, no sobrevivió al diseño inicial. Nos referimos a La Franja del Ministerio de Cultura en sus primeros años. Espacio de producción que convocó a los más diversos realizadores en la empresa quijotesca pero ineludible, de construir un imaginario posible para el país. La Franja en su corta vida demostró que era posible envolver al país todo con la mirada inquieta, curiosa y tolerante de la cámara. Y ser masivos, competitivos y con calidad, todo ello dentro del esquema de una producción de grandes ligas.
La política cultural de televisión pública no puede ni debe liquidarse. Esto es impensable e inadecuado. El compromiso del Estado colombiano con las generaciones presentes y venideras es el de preservar, administrar y construir unos referentes audiovisuales ajenos a cualquier interés que no sea el de las identidades culturales, la cohesión social, la reconciliación nacional y la difusión de la amplia riqueza cultural de todos y cada uno de los colombianos.
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